El gobierno de Javier Milei colocó la reforma laboral entre sus prioridades tras la reciente victoria legislativa. Según el proyecto elaborado por la diputada libertaria Romina Diez, la iniciativa propone ampliar la jornada laboral de ocho a doce horas, habilitar el pago parcial de sueldos mediante vales o “tickets canasta” y permitir que las indemnizaciones o multas laborales se abonen en hasta 12 cuotas.

Además, el texto busca flexibilizar los convenios colectivos, habilitando esquemas de “banco de horas”, la fragmentación de vacaciones, la negociación de paritarias por productividad y el fin de la llamada “ultraactividad”, que mantiene vigentes los convenios vencidos si no se renuevan. El Gobierno sostiene que estos cambios permitirán reducir la informalidad y dinamizar el empleo privado, hoy con cerca de ocho millones de trabajadores fuera del sistema formal.

Desde el oficialismo argumentan que la medida apunta a modernizar las relaciones laborales y eliminar rigideces que desalientan la contratación. Sin embargo, los gremios —con la CGT y la CTA al frente— advierten que se trata de una avanzada que precariza derechos históricos y reproduce puntos del DNU 70/23 que la Justicia frenó por inconstitucionalidad.

Para el empresariado, la reforma podría significar menor litigiosidad, más previsibilidad y menor costo laboral, lo que incentivaría inversiones y creación de empleo. Pero los analistas advierten que, si la flexibilización no se acompaña de políticas de control y formalización, podría derivar en mayor inestabilidad laboral y caída del salario real.

Impacto por sectores

• Industria y manufactura: serían los principales beneficiados con la ampliación de jornada y el “banco de horas”, al permitir ajustar los turnos de producción según la demanda. También podría mejorar la competitividad frente a otros países con marcos más flexibles.

• Comercio y servicios: la posibilidad de fraccionar vacaciones o flexibilizar horarios podría generar más empleo en pymes y emprendimientos, aunque con riesgo de contratos más cortos o parciales.

• Construcción: el pago en cuotas de indemnizaciones y mayor previsibilidad contractual son vistos como incentivos para el sector, históricamente muy afectado por la estacionalidad y los juicios laborales.

• Economía del conocimiento y tecnología: la reforma podría favorecer contrataciones por proyectos, esquemas híbridos y mayor formalización de freelancers, aunque con desafíos para garantizar cobertura social plena.

• Administración pública: aunque no está incluida directamente, los cambios en el empleo privado podrían generar presión para revisar regímenes estatales y discutir productividad también en el sector público.