Philip Morris International (PMI) lanzó un mensaje provocador: “los cigarrillos deberían estar en museos”. Con esa frase, la compañía tabacalera más grande del mundo resume su estrategia global: reemplazar los cigarrillos tradicionales por alternativas libres de humo como dispositivos de tabaco calentado, vaporizadores y productos orales de nicotina. Según la empresa, ya el 42 % de sus ingresos proviene de estas opciones y su meta es que, en 2030, al menos dos tercios de la facturación lleguen de este segmento.

La propuesta busca consolidar un futuro “sin combustión”, con productos que, de acuerdo con PMI, reducen hasta un 95 % las sustancias nocivas en comparación con el cigarrillo convencional. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y distintos especialistas advierten que, aunque haya menos exposición a químicos dañinos, la nicotina sigue siendo altamente adictiva y no está demostrado que estas alternativas sirvan como herramienta eficaz de cesación.

En Argentina, el panorama es particular. El país registra unas 45.000 muertes al año vinculadas al consumo de tabaco, lo que equivale al 14 % de las muertes totales. A esto se suma un dato preocupante: el 20 % de los adolescentes de entre 13 y 15 años consume tabaco en alguna de sus formas, y el 9 % ya probó cigarrillos electrónicos. Pese a ello, desde 2023 el Ministerio de Salud prohíbe la comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina y productos de tabaco calentado, bajo el argumento de que no existen pruebas concluyentes sobre su seguridad y de que pueden atraer a nuevos usuarios, especialmente jóvenes.

La tensión es clara: mientras la industria reclama acceso a un mercado donde afirma poder ofrecer alternativas “menos dañinas”, las autoridades sanitarias priorizan la prevención y el control de riesgos a nivel poblacional. El dilema no es menor, porque abrir la puerta a estos dispositivos implicaría diseñar regulaciones estrictas, evitar que lleguen a menores y garantizar estudios independientes que evalúen sus efectos en la salud.

El futuro, al menos en Argentina, sigue siendo incierto. ¿Podrá el país incorporar regulaciones que permitan explorar la reducción de daños sin caer en las trampas del marketing tabacalero? ¿O se mantendrá la prohibición como única vía para contener una epidemia que aún genera miles de muertes y altos costos sanitarios cada año? La discusión recién empieza.