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Cuando el Coronavirus pone en juego la democracia: el caso húngaro

El 30 de marzo, el Parlamento húngaro aprobó una ley que otorga poderes extraordinarios al presidente ultraderechista Viktor Orbán, los cuales carecen de control efectivo y de límite temporal.

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Imagen: Reuters

Como ocurre en la mayoría de los países del mundo, en la actualidad, el Covid-19 habilita políticas públicas excepcionales. En Hungría, las mismas fueron llevadas al extremo y aprovechadas por la ultraderecha para aumentar su espacio de poder. En ese contexto fue sancionada por el Parlamento húngaro una ley que otorga poderes extraordinarios al presidente Orbán, líder del partido de ultraderecha.

Entre los aspectos principales de dicha ley, está el hecho de que mientras dure su vigencia, en el país no podrán celebrarse elecciones. Sumado a ello, Orbán goza ahora de la potestad de decidir cuando debe terminar la crisis del coronavirus y de castigar “las noticias falsas” y “el alarmismo” sobre el coronavirus con hasta 5 años de prisión, lo cual podría usar para encarcelar periodistas críticos a su gobierno.


Según diversos internacionalistas que vienen siguiendo el caso de Hungría, el detrimento de la democracia no es novedad en el país ex integrante de la Unión Soviética. Asi lo afirma John Shattuck, ex rector de la Universidad Centroeuropea de Budapest en una entrevista a la BBC, quien manifiesta que “Orbán ha estado desmantelando la democracia ya por bastante tiempo y (ahora) se está aprovechando de una emergencia real para continuar haciéndolo”. Agrega que “La democracia está viviendo momentos tristes: esta es la primera democracia europea que cae a causa del coronavirus”. Por su parte, el politólogo húngaro Andras Biro-Nagy define a la nueva ley simplemente como «otro paso simbólico» en la instalación de un régimen autoritario en Hungría.

Para complicar aún más la situación, en el país centroeuropeo ya no quedan medios opositores, lo cual se puso en evidencia en 2018, cuando los trabajadores salieron a las calles a manifestarse en contra de dos leyes que habían sido aceptadas por el Parlamento. Una de ellas, apodada “ley de la esclavitud” obligaba a los empleados a trabajar hasta 400 horas suplementarias al año y otra creaba un sistema judicial paralelo, que hacía peligrar la independencia judicial del país.

Por lo pronto, un grupo de eurodiputados encendió la alarma elevando una petición a la Comisión Europea: “Muchas medidas deben ser tomadas para salvar vidas, proteger los sueldos y la economía. Pero: ¡La Democracia también debe ser protegida durante la pandemia!”, afirman. Piden que se congelen pagos al gobierno húngaro ante lo que califican como “usurpación de poder” y declaran su “profunda preocupación” por el uso de medidas extremas que algunos gobiernos adoptaron ante la pandemia.

“Muchas medidas deben ser tomadas para salvar vidas, proteger los sueldos y la economía. Pero: ¡La Democracia también debe ser protegida durante la pandemia!”

Afirmaron numerosos parlamentarios europeos en la petición elevada a la Comisión Europea.

Si bien las repercusiones del caso húngaro no han sido mayores debido a que los paises europeos y la propia Unión se hallan sobrepasados por las muertes causadas por el Covid-19, se espera una respuesta más enérgica del bloque europeo, el cual suele presentarse como “defensor de la democracia” y ha hecho de la misma un requisito fundamental para aceptar nuevos miembros.

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Nueva decisión del BCRA sobre acceso de empresas al mercado de cambios

En estos días, el gobierno de Alberto Fernández busca reorganizar la economía del país, a través de diversas medidas tendientes a estimular el trabajo y la producción local y evitar el abuso en la cancelación de obligaciones con el exterior. Por ello, ayer jueves 28 de mayo, el BCRA anunció nuevas medidas que se suman al aumento de las tasas de interés y los diversos instrumentos como el Programa de Asistencia al Trabajo y la producción (ATP), la línea de créditos MiPyMEs con tasa subsidiada del 24% y la línea de créditos a tasa 0% para monotributistas y autónomos.

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En medio de la pandemia, y la consecuente recesión económica nacional –y mundial-, el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ordenó que las empresas que cuenten con activos líquidos originados en la formación de activos externos deberán utilizar primeramente esos fondos para pagar las obligaciones con el exterior. Se intenta evitar especulaciones de devaluación y en los mercados cambiarios no oficiales.

Sumado a ello, se amplía a 90 días previos y 90 días posteriores la restricción para concretar operaciones concernientes a la compra y venta de títulos públicos en pesos con liquidación en dólares para las empresas que requieran acceder al mercado oficial de cambio.


Se incluyen nuevas medidas para el acceso de las empresas al Mercado Único y Libre de Cambios bajo la necesidad de ordenar el pago de obligaciones por la importación de mercaderías, las cuales deberán solicitar autorización previa al BCRA para aceder al mercado de cambios para costear obligaciones comerciales con países extranjeros (si redujeron el monto vigente al 01/01/2020).

Finalmente, para certificar las obligaciones antes mencionadas, las empresas deberán presentar una Declaración Jurada, que se verificará cruzando datos con el Sistema de Seguimiento de Pago de Bienes (SEPAIMPO) y el Régimen Informativo de Operaciones de Cambio (RIOC). Si se hiciere una declaración fraudulenta, se bloqueará el acceso al mercado de cambios y se iniciarán las acciones penales cambiarias correspondientes.

La salida de divisas es un problema que golpea a los distintos gobiernos latinoamericanos. Es por ese motivo que, a la par de estimular el mercado interno, se busca ejercer el control en relación al mercado de divisas, a fin de evitar presiones cambiarias y conservar las reservas. Y esta vez fue el turno de las empresas. Las críticas a esta política económica seguramente sobrevendrán en los próximos días.    

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Dos localidades de Jujuy fueron aisladas por un caso de Covid-19

Los municipios de Fraile Pintado y Calilegua deberán cumplir con una cuarentena obligatoria de siete días, luego de que un camionero de aquella zona se contagiara de Covid-19 tras un viaje a Buenos Aires.

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Cuando todo indicaba que Jujuy marchaba viento en popa en torno a la lucha contra el coronavirus, se registró en las recientes horas un nuevo caso, vinculado a un camionero de la localidad de Fraile Pintado, quien viajó la semana pasada a la provincia de Buenos Aires, pasando a su vez por Santa Fe y Entre Ríos.

El sujeto -que se encuentra internado en el Hospital San Roque de San Salvador de Jujuy- mantuvo contacto con alrededor de 34 personas, ya que compartió un almuerzo con amigos en la ciudad de Calilegua el 25 de mayo, desacatando el aislamiento correspondiente. El acontecimiento originó que el gobernador Geraro Morales disponga siete días de cuarentena obligatoria en ambas localidades mencionadas, con motivo de confirmar o refutar la existencia de circulación local.


Asimismo, las personas que mantuvieron contacto con el hombre fueron identificadas por la policía provincial y trasladadas al Hospital de campaña que el gobierno estableció en el predio «La Ciudad Cultural», en la capital de la provincia. El primer test arrojó resultados negativos en el total de los pacientes, aunque dentro de una semana se realizarán nuevas pruebas.

Los dos municipios que permanecen aislados pertenecen al departamento Ledesma, en los valles subtropicales orientales de la provincia. Fraile Pintado se ubica a 76 kilómetros de la capital y tiene una población -según el último censo- de 14.000 habitantes, al tanto que Calilegua se sitúa a 120 kilómetros de la capital y cuenta con 6.000 pobladores.

Jujuy registra 7 casos de Covid-19 hasta entonces, todos importados, de los cuales cinco se han recuperado y dos permanecen internados. Las autoridades fueron flexibilizando la cuarentena gradualmente, permitiendo actividades físicas en espacios públicos, la apertura de bares y restaurantes y las reuniones sociales con un máximo de 10 personas.

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Trump vs Twitter, la pelea que faltaba

La red social limitó algunas publicaciones del presidente estadounidense y el mandatario respondió con una investigación por decreto. El magnate basó buena parte de su campaña electoral en la comunicación por ese canal para enfrentarse con los medios.

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Lo que antiguamente era una relación de amor, se terminó transformando en una relación de amor y odio. Se trata de la que tienen Donald Trump, presidente de Estados Unidos y la red social Twitter, elemento clave en la comunicación de la campaña que depositó al magnate como presidente.

Todo comenzó cuando hace algunos días Twitter evaluó si algunas publicaciones de Trump contenían publicaciones “potencialmente engañosas”, lo que desató la furia del presidente. Hasta ese momento, Trump publicaba cada una de sus ideas y decisiones gubernamentales a través de su cuenta para evitar cualquier contacto con la prensa tradicional.


El segundo episodio se produjo tras una publicación del presidente acerca de los acontecimientos que sucedieron por las revueltas sociales que se dieron en distintos puntos del país por el asesinato de un habitante afroamericano a manos de un policía. Allí Twitter volvió a inhabilitar una publicación de Trump “por glorificar la violencia”.

A partir de allí, el presidente estadounidense redoblo la apuesta. A través de la mismísima red social, anunció que no permitirá que nadie restrinja la libertad de expresión y dictó un decreto que limita las protecciones a las redes sociales en todo el territorio americano.

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